Hace días conversamos algunos amigos sobre cuál sería el problema más complicado para el gobierno de Rubén Rocha, y todos coincidimos en la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas, y de ahí valoramos el de la inseguridad, por sus raíces históricas, estructurales y la ausencia, o mejor dicho la escasez, de instituciones públicas para su combate.

Para cuando tome posesión el ex rector como gobernador, la pandemia ya habrá matado a más de 8 mil sinaloenses, lo que significa una catástrofe social muy difícil de olvidar para todos.

Pero algo que ya rebasa los 25 años y galopa todos los años por nuestras ciudades y rancherías, es la violencia y la inseguridad, ya como un diagrama de zona de quién es quién en cada una de ellas, pero ninguna se salva de ser libre de tan doloroso flagelo.

Tantos grupos, tanto arraigo, tanta saña y tanta impunidad, es cierto que tienen que ver con un gran negocio (el tercero después del petróleo y el tráfico de armas), completamente globalizado, pero también es cierto que hay muchas cosas que no hemos hecho, y de las que se han hecho buena parte han salido mal.

Para empezar, estamos llenos de prejuicios y complejos que nos impiden reconocer la naturaleza del conflicto y pensamos, por lo general, en el crimen organizado como algo irreversible, irreductible y mucho menos imbatible.

Y existen muchas razones para pensar así, pero es no significa que no se pueda hacer otra cosa. Es cierto que la matriz de la mayor incidencia criminal y madre de sistemas de seguridad incapaces, y cómplices muchas veces, pero eso no significa que no haya soluciones.

Rubén Rocha, de manera correcta en mi opinión, a “botepronto” respondió al periodista Loret de Mola que si estaría dispuesto a dialogar con el crimen organizado y dijo que “Sí, si ello ayudaba a solucionar el problema”, lo que expresa decisión de hacer lo que se tenga que hacer para buscar soluciones, lo cual es de suma importancia.

Es cierto que el problema es continental, que abarca a consumidores, productores y comerciantes, de lo que no se escapa ningún país en América, lo mismo que ninguna entidad en México y que lo primero que debemos pensar es en un diseño de política nacional que integre a todos los estados, y que se diseñe para largo plazo, precisamente porque se trata de construir aparatos de prevención, disuasiones, punitivos, judiciales y de castigo, campos que requieren todos ellos verdaderos equipos profesionales del tamaño del problema.

Además de que debe ser parte de un modelo de nación que interactúe con las otras naciones en un plano de cooperación y respeto, al mismo tiempo que su proyecto de nación lo contemple como un pilar fundamental.

Resumir la seguridad pública de nuestro país en frases de “abrazos, no balazos” y simplismos por el estilo, dándole presupuestos monumentales al ejército y crear una guardia nacional sin pies ni cabeza, resulta perder el tiempo. El plan “Puebla – Panamá” era un buen proyecto, ahora el desarrollo del Istmo y Centroamérica también lo es, pero porque no integrar todo en un plan más explícito, cohesionado, contundente, integral y de largo plazo ¿Por qué? La inseguridad es un monstruo, como una guerra permanente, interminable, sin fin.