El metrobus de Culiacán, tal y como está diseñado, es una gran solución para la movilidad de los culiacanenses, que ayudará mucho a ganar tiempos, podrá influir mucho a detener el crecimiento vehicular y, objetivamente, será un ahorro para la economía familiar, como lo fueron en su tiempo las calles de penetración a las colonias populares que construyeron en 1987 en el gobierno municipal de Ernesto Millán, y la construcción del “Par Vial” en el 2016, por la presidencia que encabezó Sergio Torres.
Ese aspecto es indiscutible, porque el trazo del metrobus son líneas estratégicas, para posteriormente interconectar otros tramos en una segunda etapa que lo harán crecer y elevar su rentabilidad, como lo ha sido el sistema metro de la Ciudad de México.
Como también es un gran acierto el haber pactado, de manera tripartita, el financiamiento en abono político a Jesús Estrada, presidente municipal del Culiacán, Quirino Ordaz, gobernador del estado, y la presidencia de la república de AMLO, de tal manera que el ayuntamiento de Culiacán y el gobierno del estado no se endeudan, lo cual tiene su mérito.
Lo inexplicable de todo el proyecto, o quizá habrá que decir, lo que no se entiende del proyecto es ¿Por qué entregárselo a una empresa privada? Esto no tiene ningún sentido, cuando tenemos tantos fracasos de recursos públicos tirados a la basura en alianza con empresarios privados.
Si se hace memoria, quien empezó todo este enfoque de desligar al ayuntamiento de los servicios públicos fue el panista Sadol Osorio, por allá en 1995, cuando pretendió privatizar el servicio de recolección de basura (la empresa se llamaba «servicios de protección ambiental SA de CV), concesionándolo a una familia culichi, y que tan solo era un pingüe negocio a costa del erario público, no tenían ni un carro recolector y solo usaban batangas.
O lo que hizo inmediatamente después de este fracaso, concesionar el estadio Ángel Flores a la familia Ley por 15 años (ahorita ya está concesionado hasta el 2035), con los resultados de quitarle ingresos al municipio sin ninguna retribución (1 millón de dólares por temporada de entonces), como era cuando se los rentaban (50 mil pesos mensuales entonces), pagaban impuestos por venta de alcohol y publicidad, al grado que ahora no pagan nada, administran como si fuera su propiedad y, además, el gobierno les paga las remodelaciones, como la última que costó más de 500 millones de pesos.
Esta práctica la reprodujeron los gobiernos del PAN en Ahome y en Mazatlán, y el PRI en Guasave (los estadios Emilio Ibarra, el Carranza Limón en Guasave, el Teodoro Mariscal en Mazatlán y los servicios de recolección de basura en Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán), ahora al extremo de construir un estadio exprofeso para un equipo de futbol en Mazatlán para un empresario televisivo, como ya se había hecho antes con otro en Culiacán.
Ese “baile” de prácticas económicas de invertir dinero público en negocios privados, y además regalarles el negocio entero y andando, no le veo ningún beneficio para la sociedad y para el gobierno, sino más bien un perjuicio.
Ojalá y mis amigos economistas no me vayan a criticar de dogmático, estatista y quién sabe qué más, pero eso no es limpio.
