Para el 2018 era evidente que la transición política del país se había trabado y representaba el peor error del programa “Pacto por México”, que habían suscrito todas las fuerzas del país en diciembre del 2011 al arribo del presidente Peña Nieto en aquel entonces.

El hecho que ninguno de los casi cien puntos de aquel compromiso de gobierno, que se pactó por todos los partidos políticos, contemplara cambiar la forma de gobierno del país representó su debilidad y en buena medida su fragilidad y fracaso político en las elecciones del 2018, ante el embate ya de AMLO y MORENA.

Es un hecho histórico que desde hace 23 años, en 1997 cuando el PRI vivió su primera gran derrota electoral nacional, al perder la mayoría de la cámara de diputados del país, y tres años más tarde la presidencia de la república, ya era obligada la sustitución del modelo priista que afinó durante siete décadas de gobierno y que ya se había agotado.

Nunca hasta ahora ha existido fuerza ni movimiento que se inscriban en esa lógica obligada para el estado mexicano, con la idea de organizar de otra manera la vida institucional del país, que sustituya las decisiones personales de los individuos por decisiones colegiadas y populares.

Las fuerzas políticas hasta ahora han sido funcionales a ese régimen presidencialista que ahora con AMLO se subliman y reflejan con mayor claridad la falta de visión, actitud y compromiso con ese cambio vital para México.

Sin duda el “Pacto por México” ha representado un hito programático para el país, pero lamentablemente cojo por ese fortalecimiento intrínseco que le dio al periodo de Peña Nieto con todas su desviaciones, principalmente la del estado protector y benefactor, como las de transparencia y honestidad, en todas ellas fue un fracaso.

Hoy en día son indiscutibles de aquellas 96 propuestas de gobierno la reforma fiscal, que fortaleció el ingreso público de manera relevante con el restablecimiento del IVA como impuesto nacional a todos los estados (incluyendo los fronterizos), castigar la “comida chatarra” y no se diga la reforma a las leyes de telecomunicaciones que iniciaron con el “apagón analógico” (compromiso del estado mexicano desde el 2006), el fin de la preponderancia de TELMEX, la apertura de la televisión (fin del oligopolio de TELEVISA y TV AZTECA) y la reforma energética que contempló básicamente la caída del petróleo (cierre de “Cantarel”), tanto en la producción como la necesidad de nuevas fuentes de energía.

Y qué decir de la modernización de las vías de comunicación con trenes, aeropuertos, carreteras, así como la diversificación mundial del comercio en la perspectiva de la revisión total del TLC en 2017.

En fin, es un debate que no se dio y que quizá se tarde para retomarlo, pero tan solo remito un dato para los numerólogos de la 4T, tan solo la reforma de telecomunicaciones representó una integración del 70% del país a las nuevas tecnologías y a un ahorro al consumidor de diez mil millones de dólares anuales.

O el caso de los gasoductos, que desde 1938 hasta 2011 México había construido 12 mil kilómetros de líneas de gasoductos y se agregaron de 2012 al 2018 alrededor de 7 mil kilómetros más que hoy llegan hasta Quintana Roo, vía golfo de México, a propósito del retroceso que impulsa la secretaria de energía, Rocío Nahle, de darle más fuerza a la generación de energía a partir de combustibles fósiles. Es solo un ejemplo lastimoso, sí, pero ejemplo claro de ese atraso.