Lo que estamos viviendo es, a todas luces, la configuración de una elección de Estado orquestada por la 4T, que ha entrado ya en su tercera fase: la definición de precandidatos a gobernadores con los nombramientos de delegados de Morena en 16 estados donde se elegirán estos cargos. Según el acuerdo firmado la semana pasada, y conforme a lo estipulado en el Congreso Nacional de Morena en febrero, estos delegados son en realidad los futuros candidatos de la coalición Morena-Partido Verde-PT, salvo San Luis Potosí que se decidirá después.

Lo más grave y escandaloso de este proceso es la flagrante violación a la ley electoral. Desde febrero, la 4T dio la orden de inicio para actos anticipados de campaña que no han sido frenados —ni sancionados— por ninguna autoridad electoral, a pesar de las denuncias recurrentes de partidos opositores. La impunidad del electorado es evidente y demuestra que los órganos autónomos electorales están doblegados o acobardados ante el poder presidencial y su maquinaria.

Ayer mismo, a modo de perfilamiento, tres mujeres solicitaron licencia a sus cargos: la senadora Imelda Castro, la diputada federal Graciela Domínguez y la diputada local María Teresa Guerra, un movimiento que busca cumplir con la figura de género y dar apariencia de legalidad a la designación anticipada. Por otro lado, el senador Enrique Inzunza decidió mantenerse en el Senado hasta 2030, evidenciando que para algunos esta elección es simplemente un trámite administrativo sin mayor compromiso.

Con este movimiento electoral de la 4T-, la coalición gobernante seguirá con paso firme su escandalosa fragua de una elección estatal; una puesta en escena que intentan disfrazar bajo figuras como “delegados políticos”, pero que en realidad son piezas clave en la orquestación de un esquema para mantener y perpetuar el poder.

No sólo se trata de los 17 candidatos a gobernador en los estados señalados, sino que a su vez se van a nombrar los 300 delegados en los distritos federales, con la finalidad de controlar también la selección de candidatos a diputados federales en la Cámara Baja. Es decir, la 4T no aspira únicamente a retener gubernaturas, sino también a asegurarse una mayoría sólida en el Congreso, garantizando así la continuidad de su proyecto sin contrapesos institucionales.

Llama la atención que los únicos intentos visibles por aplicar la ley electoral han sido tibios y contradictorios. El caso emblemático fue la denuncia del PAN contra la senadora Imelda Castro en Sinaloa por actos anticipados, que el INE local desechó, alegando falta de sustento legal. Sin embargo, el tribunal estatal electoral, en manos del senador Enrique Inzunza, vio elementos para sancionarla, pero su fallo fue remitido nuevamente al INE, que ratificó su decisión original. Este estira y afloja entre autoridades electorales ha dejado claro que ninguna institución está dispuesta a frenar realmente a la 4T.

Aquella controversia jurídica posterior al primero de mayo —cuando se pidió la extradición del gobernador Rocha y de Insunza— quedó en una mera anécdota, y hoy es olvidada, como si nunca hubiera existido un litigio real, reflejo de la impunidad y la complicidad que impera en la materia electoral.

¿Cuál será el desenlace en las próximas semanas? Seguramente veremos un circo mediático preparado y, posteriormente, una encuesta secreta conducida desde las sombras de Morena y con la intervención directa de Palacio Nacional y del personaje que se refugia en «la chingada». En ese momento se nombrarán los precandidatos y precandidatas “a dedo”, sin transparencia ni legitimidad, siguiendo el patrón ya conocido de la 4T.

Así es como se guisan las elecciones, así se amarran las candidaturas y así se construye el escenario para la siguiente etapa de esa elección de Estado que están diseñando, en la búsqueda implacable de perpetuarse en el poder bajo el manto de una legalidad simulada y una democracia suspendida. La oposición parece destinada a ver cómo se repite esta película, mientras las instituciones electas pierden cada vez más terreno frente a la fuerza política hegemónica del país. Esta es la realidad cruda que vivimos, y la opinión pública debe estar alerta para denunciar y resistir esta nueva embestida autoritaria.