Las crisis verifican quiebres, y los quiebres, pérdidas.
Ailynn Torres Santana
La violencia es la otra pandemia que nos empequeñece como sociedad. Muy fresca está la herida que nos deja la muerte del Profesor Román Rubio y de las jóvenes Evelyn Alondra y Karina de El Talayote. Fresca también la indignación por la facilidad con que se le arrebata la vida a un luchador social y a unas jóvenes al dirigirse a su trabajo. La impunidad sigue tan campante por encima del cambio de régimen político o muy a pesar de él. Y para mal de todos, si a la pandemia del Covid-19 no le vemos el fin, menos a la de la violencia, cuyas raíces se remontan a muchas décadas atrás.
Pero la pandemia ha procreado algunas hijastras no menos nefastas que su progenitora: las cuotas en hospitales privados, las negligencias en los mismos, la incapacidad de los hospitales públicos para atender a sus derechohabientes y el abandono en que los dejan al declararse saturados y la pérdida de brújula de no pocos presidentes municipales, gobernadores y del mismo gobierno federal a la hora de ver la aplicación y toma de rumbo en el uso de los recursos públicos. Hagamos recuento de lo que pasa y hablemos de cómo deben hacerse las cosas en la vida pública en momentos en que no salimos de la tercera oleada del Covid-19 y ya se comenta de una posible cuarta.
CONEVAL ha publicado recientemente un estudio en el que contempla que el número de pobres creció de 51.9 millones a 55.7 millones de ciudadanos entre 2018 y 2020. Las conclusiones coinciden con lo que ha publicado la CEPAL para el subcontinente y para México. Inexplicablemente el presidente AMLO dice no estar de acuerdo con ello y señala que los programas sociales han ayudado mucho en este desesperante renglón. Nadie duda de ello, aunque estamos claros que la pobreza y desigualdad la genera el sistema de explotación y que no es culpa personal del presidente. Por lo demás, el que la exclusión social crezca en tiempos de pandemia, resulta en un argumento contundente contra el pago de la deuda. Y no lo aprovecha AMLO.
El comportamiento de la curva de contagios del Covid nos tiene de nuevo en una gran incertidumbre. En Sinaloa la curva de casos registrados a diario ha ido a la baja durante el presente mes: el día primero se registraron 501 contagios y estos han cedido desesperadamente lentos, pero han retrocedido: de 501 el día 6 y a 401 el día 11. Mientras que los casos activos van de los 3 mil 874 el día primero a los 2 mil 489 el día 11. Se ralentizan las dos curvas, pero siguen siendo altas. Lo que lleva a las autoridades administrativas a tomar algunas medidas que se identifican con el Estado de excepción. Preocupante, sin duda.
No podemos caminar con los ojos vendados en medio de la pandemia a casi un año y medio después de navegar con ella. A estas alturas resulta imperdonable no identificar los renglones donde nos han golpeado la crisis sanitaria y la económica y por otro lado que nuestras acciones no estén aún pautadas por la Constitución y el derecho internacional.
Tres municipios, Mazatlán, Culiacán y Cosalá, han tomado algunas medidas que no sólo llaman la atención de todos, sorprende que el Congreso del Estado, incluso el Supremo Tribunal de Justicia, sean omisos ante dichas acciones. Cosalá emite la medida de aplicar el Bando de Policía y Gobierno (detener pues) a todo el que ande en la calle a partir de las 10 pm, los otros dos municipios dicen que no permitirán que personas que no exhiban certificado de vacunación o examen reciente que demuestre no estar contagiado, entren a los establecimientos comerciales. Eso es restricción de derechos. Y nuestro marco Constitucional, como tampoco el derecho internacional, les dan facultades a instancias municipales para una medida como tal.
Una cuestión elemental es que los presupuestos de municipios, estados y de la federación deben modificar la orientación, con el fin de atender las prioridades que la emergencia sanitaria nos impone. Hasta hoy no vemos sensibilidad sobre las consecuencias que la pandemia nos ha sembrado entre los que ya estaban identificados en el campo de la pobreza y los que suma la pandemia. El sistema nacional de salud pública está colapsado y los correspondientes en las entidades, ni se diga. No se ha creado un fondo para atender a lo que no tienen ingresos o son muy precarios, ni para salvar a micros, pequeños y medianos negocios. Los tiangueros reciben restricciones antes que la solidaridad de sus ayuntamientos.
¿Vivimos en un Estado de derecho democrático? Pues que las autoridades se comporten como lo establece dicho marco. Las medidas anunciadas en los municipios mencionados, son muy similares a las que en 2020 tomaron 231 alcaldías en el país y no precisamente para ser aplaudidas. El ABC de la vida democrática nos indica que el comportamiento de las autoridades debe sujetarse a lo que establece la Constitución y el Derecho Internacional. Ambos referentes de ley señalan que aún declarado el Estado de excepción (por las instancias competentes, no por ocurrencias de presidentes municipales), hay derechos que no pueden limitarse, entre ellos a no ser discriminados y el de alimentarse (que incluye el derecho del consumidor). Que no siga el inexplicable silencio del Congreso del Estado y del STJE. Vale.
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