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A dos semanas de su triunfo en las elecciones y aún sin llegar a la orilla donde comienza la transición formal de gobierno, al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya lo rodean aires de polémica.

Una destaca particularmente: su intención de ir a contracorriente de una de las más fuertes demandas de organizaciones civiles, que exigen una transformación profunda de la Procuraduría General de la República (PGR) para convertirla en una #FiscalíaqueSirva (etiqueta que ha servido para identificar al colectivo que impulsa esta demanda). Una independiente del Poder Ejecutivo, con un titular que no dependa de la propuesta presidencial y de la elección del Senado, y con garantías legales suficientes para combatir la corrupción y revertir la impunidad.

 

Tampoco despertó simpatías la inclusión a su equipo de Manuel Mondragón y Kalb, quien ha desempeñado cargos en áreas de seguridad federales y de la Ciudad de México.

 

Sobre este funcionario recayó la responsabilidad de la represión contra la protesta social que tuvo lugar el primero de diciembre de 2012, día en que Enrique Peña Nieto asumió el cargo como presidente y a Mondragón y Kalb lo designaron secretario federal de Seguridad Pública.

 

Las críticas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) también agitaron las aguas del próximo presidente. En un comunicado emitido el 4 de julio y firmado por el comandante Moisés y el comandante Galeano (antes Marcos), llaman a la gente a "pintar caracolitos a los malos gobiernos pasados, presentes y futuros". En pocas palabras, mandarlos al carajo. Incluido el que encabezará López Obrador.

 

También han despertado polémica anuncios como la posible creación de una policía fronteriza y las acciones para la austeridad de su gobierno. Entre ellas, la descentralización de la administración pública federal, la reorganización de dependencias públicas, y la política de comunicación social, que prevé un fuerte recorte en el gasto de publicidad de gobierno y la concentración de difusión en una sola oficina.

El debate en torno de una reforma pendiente de concretar, que convertirá la PGR en fiscalía general, viene de tiempo atrás.

 

Las organizaciones civiles integradas en el colectivo #FiscalíaqueSirva exigen mecanismos para la designación de un fiscal general (ahora procurador) independiente del Presidente en turno, y sobre todo transformar a fondo la inoperante estructura del PGR para revertir la impunidad mediante un nuevo diseño institucional que le permita investigar el crimen y combatir la corrupción.

Estos cambios no son una ocurrencia. Hubo una reforma constitucional que ordenó convertir la PGR en fiscalía, pero permitía trasladar tal cual toda su estructura, y aun permitía "el pase automático" del procurador en turno a fiscal. Es decir, sólo cambiaba el nombre y ordenaba crear la figura de un fiscal anticorrupción.

 

Las organizaciones de la sociedad civil, por lo tanto, exigieron reformar el artículo 102 de la Constitución mexicana para modificar de fondo todo el proceso de transformación de la PGR a fiscalía y los mecanismos para designar a sus titular, que están en manos del Presidente en turno y de la Cámara de Senadores.

 

Nada pudo concretarse y el tema quedó atrapado en la discusión política en el Congreso. Todos los partidos expresaban disposición a discutir los cambios, pero ninguno hizo nada por destrabarlos.

 

Ahora López Obrador hereda esta polémica. Su posición la expuso desde su campaña: no reformar el 102 constitucional y dejar las cosas como están. Es decir, transformar la PGR en fiscalía sólo de nombre, sin entrar al detalle de su operación y estructura –como exigen las organizaciones–, y proponer él mismo una terna para que el Senado elija de tres candidatos al primer fiscal del país, quien ocuparía el cargo por 9 años, así como al fiscal anticorrupción que se agrega a la estructura.

 

Fuente: Infobae

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