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La piel desgarrada, el corazón roto.

Sueños cortados por ambiciones ajenas.

Elena Ceballos Hernández

 

Hoy conmemoramos el IV aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. El balance está lleno de claroscuros: unos pretendieron ensombrecer la historia de lucha desarrollada por los familiares, compañeros de aulas y por la sociedad y otros fortalecen la esperanza de alcanzar justicia. Hablemos de ellos con la franqueza que el caso reclama.

 

En su momento, cuando la PGR vio que sus investigaciones sobre el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, entraban en contradicción creciente con los trabajos desarrollados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH y por el Equipo Argentino de Antropología Forense, buscó adelantarse imponiendo su llamada “Verdad histórica”, que va a provocar la profundización de dichas contradicciones y a configurar certezas sobre las complicidades del Estado en el caso.

 

¡Fue el Estado! Dijeron los manifestantes en las calles de México y del mundo. No les faltaba razón, pues los hallazgos encontrados por los grupos internacionales de peritos marcaron serias fallas en las investigaciones oficiales, que dan elementos para pensar que no todos los responsables fueron incluidos en la averiguación previa. El mismo Poder Judicial terminó convencido de que la investigación oficial no tiene futuro, pues al menos 18 de los acusados han buscado el amparo de la justicia federal presumiendo tortura durante los interrogatorios. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Distrito Judicial de Matamoros, Tamaulipas, resolvió la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Esta medida no sólo cuestiona lo hecho por la PGR, sino plantea una salida en la que representantes de las víctimas participen en una investigación que resulte creíble a ojos de todos. Lo que dio materia para ello fueron tres resoluciones en las que se amparaba a tres inculpados del caso Ayotzinapa, por considerar que sus confesiones fueron arrancadas por tortura.

 

El cuestionamiento a la investigación oficial de los hechos no sólo vino de organismos internacionales de la sociedad civil como Amnistía Internacional o Human Right Watch. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no dudaron en anteponer la crítica a lo que la autoridad mexicana hacía en la investigación sobre los hechos de la noche de Iguala. Y a los reclamos de justicia y de que las cosas se hicieran bien, hay que sumar a los representantes de 33 parlamentos latinoamericanos reunidos en Ginebra, al Parlamento Europeo, decenas de universidades e instancias civiles en el mundo. El mundo mismo se desbordó exigiendo justicia para los 43 de Ayotzinapa y condenó el papel del Estado en la noche del 26 de septiembre en Iguala y las complicidades y omisiones cometidas por el Estado durante estos dolorosos e interminables cuatro años. La impunidad de quienes han evadido averiguaciones previas y el castigo por sus responsabilidades, lo dice todo. No están incluidos militares ni policías federales. Deberán estarlo, si se quiere verdadera justicia para los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa y sanar la profunda herida que se abrió aquella terrible noche de Iguala.

 

Ayotzinapa dio un nuevo empuje a la lucha por la presentación de los desaparecidos, generó legislación a partir de una dimensión mayor de la lucha: Ley de atención a víctimas y Ley sobre desaparición forzada. El movimiento que hoy empujan más de 40 grupos de familiares con desaparecidos en México es la manifestación más contundente de lo que nació en aquella noche de Iguala de 2014.

 

Pero seamos claros, muy claros ante los hechos y la historia, como lo hace José Emilio Pacheco: “envuelto en esta herencia nos llega el tiempo”. Por eso decimos Ayotzinapa también parió el 1° de julio y con ello abrió las puertas para una nueva esperanza de alcanzar la utopía. La voluntad popular y sentir de todos los agraviados por los acontecimientos que llevaron a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de los más 40 mil mexicanos en los últimos 12 años, 49 mil 500 dicen algunas voces, se unieron en una sola acción el 1° de julio. Y el sistema político mexicano sufrió una histórica derrota. El pueblo reprobó la llamada “verdad histórica” sobre Ayotzinapa y todas las malas acciones de procuración y administración de justicia.

 

No está dicha la última palabra aunque se haya abierto la puerta de la esperanza. El dinosaurio que la cerró agoniza, pero aún resuella. Los padres de los 43 de Ayotzinapa han dicho que si el próximo gobierno no cumple volverán a manifestarse reclamando justicia. Desde ahora les decimos, que esperamos muchas cosa positivas de la reunión del día 26 con Andrés Manuel López Obrador y con los expertos argentinos y del grupo especial de la CIDH, pero no nos crucemos de brazos, ayudemos con la movilización a que la verdad ocupe el lugar que le corresponde en este momento histórico y que la justicia abrace a todos los padres que buscan a sus hijos desaparecidos, a todos, sin excepción alguna. Y vigilemos que los obstáculos en las nuevas investigaciones vayan al basurero de la historia, junto a los que impidieron que la verdad se sentara en el mismo campo que la justicia.

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