columna jose luis lopez duarte

  • Por ley

Pareciera que la campaña electoral de AMLO no hubiera terminado cuando continúa mediáticamente anunciando lo que decía en la campaña, modificando lo que le conviene y acomodando sus alfiles aunque no corresponden con la república amorosa y piadosa que prometió sin considerar la ley y los tiempos que esta establece, como si hubiera sido ungido rey y pueda ahora hacer lo que se le antoje.

Hay quienes han escrito que tenemos un presidente electo y un presidente desaparecido, donde el primero actúa como si ya portara la banda presidencial y el otro como si su mandato hubiese concluido.

Sin duda, es una situación peculiar y sui generis, hasta cierto punto incorrecta e ilegal porque AMLO se asume prácticamente como el presidente en funciones y Peña Nieto como otro ex presidente más, cuando ni una ni otra cosa son.

El próximo primero de septiembre la nueva legislatura federal tomará protesta y como primer acto recibirá el sexto y último informe de gobierno del presidente Peña Nieto, acto que quizá también se convierta en otro teatro para seguir cultivando el culto a la personalidad de AMLO, peligroso derrotero que empieza a convertirse en tendencia.

El artículo 26 de la constitución general de la república establece que existirá un plan nacional de desarrollo que orientará las políticas y programas del nuevo gobierno, plan que se elaborará a partir de organizar un conjunto de eventos temáticos para consultar a la sociedad sobre los temas torales del país y se presentará a más tardar seis meses de iniciado el gobierno, dando vista del mismo al Congreso de la Unión.

También la ley de entrega recepción establece tiempos para instalar las comisiones bipartitas entre los que entran y los que salen, para que el día de la toma de protesta de los nuevos funcionarios sepan cómo y qué reciben de la anterior administración.

El nombramiento tan anticipado de funcionarios del gobierno federal ha provocado evidentemente un desajuste que quizá tenga como efecto tanto el desplazamiento del actual presidente como la proliferación de reuniones y foros (como el de Ciudad Juárez) y la misma actitud de muchos prospectos a nuevos funcionarios que ya se les “queman las habas” por asumir los cargos que pululan por todos los edificios públicos en reuniones sin considerar los tiempos.

Hay quienes consideran que está bien y yo soy de los que opinan que está mal, porque estamos hablando de instituciones públicas, de mandatos públicos que se rigen por leyes específicas y tienen formas y procedimientos muy concretos que no pueden soslayarse porque se rigen bajo el principio del derecho público que tiene como premisa hacer lo que estrictamente la ley establece.

No se puede, aunque se tuviera razón, ser tan arbitrarios como lo refleja AMLO cuando afirma que el primero de diciembre habrá nueva ley de seguridad pública y por consecuencia secretario del ramo en su gabinete, cuando hoy no existe secretaría de seguridad pública y realizar esos cambios le compete al poder legislativo, no al presidente precisamente y menos aún sin haber tomado protesta todavía.

En campaña electoral se pueden decir y hacer muchas cosas, por ser una contienda política y se trata del juego para ver quién gana más adeptos (e incluso para todo ello hay reglas), pero otra cosa es después de haber sido electos y que sólo les falta la toma de protesta. La forma es fondo y en el gobierno más que nada.

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